El abogado Martín Sarubbi, que patrocina a la familia del paciente que pidió ser tratado con dióxido de cloro para enfrentar su cuadro de coronavirus, subrayó hoy que «la Justicia no fue por sobre la medicina», sino que la orden fue «por estrictas razones humanitarias».
El letrado que representó a Oscar García Rúa, de 92 años y que falleció el pasado lunes pese a haber comenzado a recibir el polémico tratamiento, presentó una denuncia contra el Sanatorio Otamendi por presunta desobediencia de la orden del juez federal Javier Pico Terrero y homicidio culposo por no acatar la medida judicial.
«Inicialmente, una vez que el juez autorizó la realización de la práctica, el Sanatorio Otamendi se negó a llevarla a cabo. El Sanatorio apeló, pero estaba obligado a oír la manda judicial», señaló Sarubbi.
En declaraciones a la prensa, el abogado aseguró que cuando el neurocirujano del paciente, Dante Converti, inició el tratamiento con dióxido de cloro García Rúa registró «una franca mejoría en el compromiso pulmonar en lo que tenía que ver con el cuadro de COVID».
«Según la historia clínica, a partir del tratamiento con ibuprofeno y dióxido de cloro comenzó a saturar (oxígeno) correctamente, alrededor del 98%», agregó.
Al ser consultado sobre la polémica generada por la medida de Pico Terrero, Sarubbi consideró que «la Justicia no fue por sobre la medicina: sino que tuvo en cuenta el informe médico del doctor Converti y estrictas razones humanitarias».
En tanto, su par Emiliano Buranello, que también asesora legalmente a la familia de Oscar Jorge García Rúa, señaló que «de ninguna manera» es polémico el fallo, al que definió como «ejemplar».
Respecto al hecho de que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) desaconsejó su utilización ante casos positivos de coronavirus, el abogado indicó que «una cosa es no recomendar y otra es prohibir».
