Lo hizo a través de la Resolución 5342/2023 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que también lleva la firma del secretario de Comercio, Matías Tombolini, y fue publicada este viernes en el Boletín Oficial.
A partir de esta norma, quienes soliciten el pago al exterior de servicios deberán llenar una planilla con diferentes requerimientos en el Sistema de Importaciones de la República Argentina y Pago de Servicios al Exterior (SIRASE).
Luego, la AFIP analizará «la situación tributaria del contribuyente a partir de la información disponible en sus registros» y «en el caso de detectarse incumplimientos a los deberes a su cargo o irregularidades formales el trámite iniciado quedará sin efecto».
Superado este control la AFIP estudiará la capacidad económica financiera del sujeto mediante el Sistema de Capacidad Económica Financiera (Sistema CEF).
Tras el paso de estos dos controles, tomará intervención la Secretaría de Comercio que «analizará las presentaciones efectuadas en los sistemas de monitoreo y trazabilidad correspondientes».
La Resolución establece que la AFIP y la Secretaría de Comercio deberán pronunciarse en un plazo no mayor a 60 días corridos, contado desde la carga de la información en el SIRASE.
No obstante, ambas dependencias «podrán ampliar fundadamente el referido plazo por idéntico término, cuando la complejidad de la cuestión así lo amerite».
En los considerandos el Gobierno señaló que el objetivo es «fortalecer las acciones de control preventivo, el seguimiento y el monitoreo de las operaciones de comercio exterior involucradas», cuya transcripción es una mayor auditoría sobre la salida de dólares.
