La Fundación para la Paz y el Cambio Climático, habitual denunciante en causas judiciales impulsadas por artículos periodísticos, denunció penalmente a los dueños de la empresa que realiza los testeos de Covid-19 a pasajeros que arriban al Aeropuerto de Ezeiza.
La entidad, que preside Fernando Miguez, basó su denuncia – presentada ante los tribunales federales de Lomas de Zamora- en un artículo publicado por el diario La Nación.
La causa recayó en el juzgado federal a cargo del ex magistrado de la causa espionaje, Juan Pablo Augé.
Miguez apuntó contra Paola Orellana Perillo y Laura Cáceres, quienes según el artículo periodístico son monotributistas y no tienen antecedentes en el rubro sanitario, no obstante lo cual figuran como titulares de LABPAX, encargada de los testeos en la aeroestación.
La Fundación alertó sobre una supuesta «estafa multimillonaria» porque, siempre según el artículo periodístico, «factura diariamente al menos cinco millones de pesos».
Miguez pidió las indagatorias de Orellana y Cáceres y de los titulares de dos empresas que aparecen vinculadas con ambas, Vanity Care y Real Estate Investments.
Además, reclamó que se pidan informes a la concesionaria Aeropuertos 2000 para que «remita e informe sobre convenios y/o contratos firmados para realizar hisopados requeridos para entrar al país y la autorización de la instalación de la Carpa en el ámbito del Aeropuerto Internacional».
En el mismo sentido, propuso que la AFIP informe sobre la situación tributaria de las particulares y las empresas, y que la Inspección General de Justicia (IGJ) indique «la composición societaria de su directorio y domicilio en que se constituyeron dichas sociedades».
En el mismo sentido, los diputados nacionales de Juntos por el Cambio Luis Petri, Alfredo Cornejo y Graciela Ocaña, presentaron un pedido de acceso a la información pública y de informes en la Cámara de Diputados.
«¿Por qué los hisopados no los hace el Ministerio de Salud? ¿Por qué se tercerizaron en una empresa sin antecedentes y que fue creada el 1° de diciembre? ¿Por qué el Estado para algunas cosas monopoliza contrataciones y en otras permite hacer millonarios negocios a privados?», se preguntaron, también basándose en el artículo del diario La Nación.
