La medida se formalizó por medio de la Resolución 978/2021, publicada este martes en el Boletín Oficial.
«Créase el Canal de Denuncias del Ministerio de Economía como herramienta para facilitar, tanto a la ciudadanía en general como a las/los agentes del organismo, la realización de denuncias por irregularidades vinculadas con hechos que presuntamente contraríen la ética pública y/o puedan constituir una falta, transgresión, infracción, o irregularidad administrativa», según el texto oficial.
Ese canal funcionará en el ámbito de la Dirección General de Gestión Documental, Transparencia y Acceso a la Información dependiente de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía, mediante un formulario digital al que se podrá acceder en la página web de este Ministerio www.argentina.gob.ar/economia), «en forma simple, ágil y gratuita», de acuerdo con lo dispuesto.
Esa Secretaría tiene desde este martes un plazo de 30 días para aprobar el Protocolo de Recepción y Gestión de Denuncias que regulará el trámite administrativo correspondiente, «garantizando su confidencialidad, la posibilidad de reserva de la identidad de las/los denunciantes y la protección de sus datos personales, y la gestión trazada de los procedimientos», señaló el Palacio de Hacienda.
Y recordó que mediante el decreto 258 del 10 de abril de 2019 se aprobó el «Plan Nacional Anticorrupción (2019-2023)», que cuenta con iniciativas propuestas por el entonces Ministerio de Hacienda.
A partir de una evaluación del mencionado Plan, la Oficina Anticorrupción y la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete, impulsaron la Estrategia Nacional de Integridad (ENI) con el objetivo de avanzar hacia una planificación coordinada y estratégica de las políticas de integridad y de transparencia en toda la Administración Pública Nacional.
Esa estrategia, según la cartera económica, incorpora el cruce de perspectivas entre las políticas de integridad y los derechos humanos, género y diversidad y el cuidado del medio ambiente.
Para este Ministerio, las políticas de transparencia «buscan abarcar toda la administración pública y la adopción de una perspectiva integral, federal y plural».
«En ese marco, esta jurisdicción asumió el compromiso para la implementación de un sistema de recepción y gestión de denuncias por supuestas irregularidades vinculadas con hechos que presuntamente contraríen la ética pública y/o puedan constituir una falta, transgresión, infracción, o irregularidad administrativa, orientado hacia agentes, contratistas, terceras/os vinculadas/os y a la ciudadanía en general», concluyó.
