Una combinación de medidas económicas de corte ortodoxo, que se precipitaron sobre el ocaso del mandato del ex presidente Fernando De la Rúa, fueron la mecha que dinamitó la legitimidad de su gestión, y derivaron en un estallido social sin precedentes y el derrumbe del Gobierno de la Alianza.
El radical, que venía de cumplir un mandato como jefe de Gobierno porteño, heredó del menemismo un cuadro económico complejo, con recesión del 3,4%, una deuda creciente y un deterioro fiscal que intentó remediar con el recetario liberal de contracción del gasto público y un nuevo paquete de «blindaje» financiero con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por 40.000 millones de dólares.
El encargado de aplicar esa medicina de ajuste, aunque de manera gradualista en una primera instancia, fue el ministro de Economía de De la Rúa, José Luis Machinea.
Sin embargo, el paquete de medidas contractivas exigidas como contraprestación por el FMI no dio el resultado esperado, ya que la fuga de capitales se acrecentó y la recesión no dio tregua, con el consecuente desplome del consumo interno.
En ese contexto crítico, Machinea dio un paso al costado y asumió en su lugar Ricardo López Murphy, con el mandato de profundizar el ajuste y así dar una señal de confianza a los mercados.
Apenas llegó, anunció un severo programa de recortes para bajar el gasto del Estado en 2.000 millones de pesos (convertibles al dólar).
Se eliminaron pensiones y becas estudiantiles, hubo un recorte en programas sanitarios y una programas sanitarios por 50 millones, un aumento del IVA en varios rubros, y el despido de 40.000 empleados públicos, junto con la reducción de las indemnizaciones por despidos.
El fuerte descontento social provocó la salida temprana de López Murphy de su puesto, en el que sólo permaneció durante 16 días.
Para entonces, el riesgo país había trepado a niveles exorbitantes, el desempleo ya superaba el 18,3% de la población, y los depósitos bancarios seguían cayendo a medida que se desplomaba la confianza en el sistema financiero.
Para ocupar el cargo vacante en el Palacio de Hacienda se convocó a quien había sido ex presidente del Banco Central durante la dictadura y ministro de economía del menemismo, Domingo Cavallo.
El flamante jefe de la cartera económica definió la aplicación de nuevos ajustes y a la entonces ministra de Trabajo, Patricia Bulrrich, le tocó la tarea de anunciar la quita del 13% en jubilaciones y pensiones.
Además, se aprobó el impuesto a las operaciones bancarias, el recorte del 13% sobre el salario de empleados estatales, y se emitió más deuda por 3.000 millones.
Como resultado, se derrumbó el consumo y el nivel de empleo marcó un nuevo récord a comienzos del 2001 al llegar al 25%, lo cual tuvo como efecto arrastre una acentuación del déficit fiscal.
En julio de ese año, Cavallo anunció un plan de «Déficit Cero», con el objetivo de que la administración pública no gastara más que lo que recaudaba.
Como complemento a los políticas de ajuste, el gobierno de De la Rúa comenzó un proceso de reestructuración de la deuda externa, que se denominó «Megacanje», una operación que consistió en postergar los vencimientos de las diversas deudas por tres años.
El problema era que para resarcir esa postergación, los intereses de la deuda aumentaron al 7% anual, y en poco tiempo creció el peso de ese pasivo en relación al PBI.
A fines de noviembre, producto del agravamiento de la situación económica, que minó la confianza en el sistema financiero, se desencadenó un retiro masivo de los depósitos bancarios.
La respuesta a la fuga de capitales fue promulgada el 1 de diciembre y anunciada oficialmente al día siguiente por Cavallo: la incautación de los depósitos, bautizado popularmente como «el Corralito».
La medida, en una primera etapa, prohibía el retiro de más de 250 pesos semanales, la imposibilidad de enviar dinero al exterior del país y la obligación de realizar la mayor parte de las operaciones comerciales mediante cheques, tarjetas de crédito o de débito, con una duración de 90 días.
El «Corralito» congeló el consumo y agravó el malestar social, en tanto que el déficit ya orillaba los 8.500 millones, la deuda aumentaba a ritmo galopante y la actividad industrial y de la construcción seguía barranca abajo.
El FMI, al presenciar el estallido popular que se estaba gestando, negó los 1.260 millones comprometidos en el «Blindaje», bajo el argumento de que no se habían cumplido las metas de déficit cero, y Argentina quedó a las puertas del default, hecho que se concretó a los pocos días de la caída del Gobierno de la Alianza, tras las jornadas trágicas del 19 y 20 de diciembre.
