En la Casa Rosada aseguran que lo ideal es eliminar la restricción en los próximos meses, precisamente en abril o mayo, aunque aclaran que la fecha límite es junio.
«Ahora el próximo paso es eliminar el cepo. Es la convicción y el plan del Presidente que se elimine a más tardar en junio», resumió una fuente con despacho en Balcarce 50 al mismo tiempo que advirtió que para cumplir con la meta deberán darse una serie de condicionamientos.
Según precisó, posibilitará la eliminación de los controles de cambios antes de fin de año el ingreso de 30 mil millones de dólares correspondientes de la liquidación en materia de exportaciones del campo, y la recuperación de reservas del Banco Central, que en lo que va de gestión lleva acumulada cerca de 6400 millones de dólares y prevén que para marzo sea de «mínimo el doble».
«El cepo fue creado para atenuar las crisis económicas. En ningún país del mundo aplica esta restricción», argumentan.
Tras su asunción, la administración de Javier Milei aplicó un salto cambiario de 118,3%, para llevar al dólar oficial a $800 con un sendero de deslizamiento de 2% mensual. La variación aplicará para también en febrero y muy probablemente marzo, por lo que esperan que al levantarse el cepo el dólar alcance los $1.000, un intermedio entre el valor actual del oficial y del blue.
La acción forma parte de uno de los compromisos asumidos por la gestión libertaria con el FMI, publicado en los últimos días en el documento conocido como staff report.
«El tema de la dolarización no está en la agenda con el FMI», aseguró el presidente en una entrevista que brindó sobre su viaje a Israel e Italia, en la que anticipó además que no evalúa implementarla en este 2024 debido a que «no dan los tiempos».
A la espera de la aprobación de la Ley Ómnibus, en el Gobierno insisten en tensar la cuerdo con los gobernadores: «Van a tener que entender que esta vez el ajuste les toca a ellos», subraya una fuente del entorno del mandatario.
«Están preocupados», observa sobre los mandatarios provinciales, y agrega que la inquietud se debe al recorte en un 98% de los fondos discrecionales. «Eso es la casta, el uso discrecional de recursos para la política», definió el funcionario.
El Presidente aspira a que los gobernadores apuren el trámite legislativo, vía sus diputados y senadores, a cambio de la negociación de un pacto fiscal que posibilite que las provincias obtengan una compensación tras la pérdida de la eliminación del Impuesto a las Ganancias.
