La empresa Meridian Maritime S.A demandó a su socia Svitzer, la operadora global de remolques portuarios y miembro del holding danés APM Moller Maersk, por administración infiel y potencialmente fraudulenta.
La denuncia radicada en el Juzgado Comercial n°8 recayó sobre el CEO de la compañía, Marc Niederer y su director, Kees van Den Borne, así como también sobre el abogado del grupo en argentina Nicolás Fernández Madero y los síndicos Luis Gustavo Cedrone y Horacio Julio Ruíz Moreno.
El pasado 28 de marzo el juez Javier Cosentino decidió la intervención judicial de la empresa, publicó este lunes el portal La Política Online.
En 2016 el socio local y Svitzer realizaron un joint venture, a partir del cual se conformó Madero Amarres S.A., donde el 20% de acciones es propiedad de Meridian y el 80% de la danesa Svitzer.
Además de los aportes de capital compartidos a los efectos de instalar la empresa en la Argentina y adquirir los remolcadores para empezar con la actividad, Svitzer aportaría su experiencia internacional y la otra parte haría lo propio con su conocimiento y clientela en el mercado local.
Según la denuncia realizada lo anterior no se cumplió ya que una vez que Svitzer logró su entrada al mercado marítimo argentino usando la experiencia de la empresa local en el servicio de agenciamiento marítimo y logística, comenzó con las maniobras para quedarse con la totalidad el negocio.
Meridian, el accionista minoritario acusa al directorio establecido por Svitzer de vaciar la sociedad a través de gastos injustificados y contratos en el exterior con sociedades controladas por el Grupo Maersk, como por ejemplo Wijsmuller o Svitzer Caribbean Ltd, entre otras.
Según los denunciantes, la empresa habría incurrido en maniobras contables incluida la presentación de falsos estados contables aprobados por el directorio.
El juez Consentino había ordenado suspender lo aprobado en la reunión de directorio del pasado 6 de marzo, por la obstrucción en el derecho de información que impidió a Meridian y a terceros la evaluación de la real situación patrimonial de la sociedad.
En ese sentido, con el fin de salvaguardar los derechos de los accionistas, el juez dio lugar a la medida cautelar solicitada por el demandante y se dispuso la intervención de la empresa a cargo de un veedor por el término de 90 días prorrogables si lo determina el Tribunal.
