Las maniobras llevaron a la colocación de las unidades en el mercado interno sin el correspondiente pago de tributos aduaneros y los contenedores bajo análisis suponen un valor de mercado superior a $400 millones; además, existe la posibilidad de un lavado de activos con la intervención de las empresas extranjeras vinculadas, indicó el organismo.
La operatoria, realizada por tres empresas, implicaba la compra de las unidades en el exterior, el giro de fondos con intervención de compañías extranjeras para ocultar el real origen del dinero, la presentación de documentación apócrifa y la intervención de cuatro auxiliares de comercio exterior, detalló la Aduana.
La investigación culminó con una denuncia penal ante la Fiscalía Federal N° 2 de Córdoba e involucra a 173 contenedores.
La Aduana corroboró que, en muchos de esos casos, la adquisición en el exterior se realizó previo al ingreso de los contenedores al país, lo cual supone una transgresión del régimen de admisión temporal.
Pese a ello, los contenedores eran comercializados en el mercado interno sin haber sido nacionalizados —sin abonar los tributos— y dentro del plazo de la admisión temporal.
Fueron destinados a almacenaje y transformación para viviendas, oficinas, comercios, baños, puestos sanitarios, food trucks, bares, talleres, galpones y gimnasios, entre otros usos.
El organismo recordó, en un comunicado, que el régimen de admisión temporal de contenedores, que los exime de tributación, prevé como finalidad su ingreso y egreso transportando mercaderías dentro de la operatoria del comercio exterior, estableciendo un plazo de admisión de 480 días para su reexportación.
En caso de querer nacionalizarlos, se deben abonar los tributos correspondientes.
Para materializar la denuncia, la Aduana realizó 13 allanamientos en Córdoba y Buenos Aires que resultaron en la interdicción de 61 contenedores sin derecho a uso en la provincia de Córdoba, como así también el relevamiento de otros 3.000 contenedores en dos depósitos, además del secuestro de elementos probatorios para la causa, que permitieron determinar el esquema de operación de las empresas.
Incluso, se determinó una subfacturación del orden del 50% del valor real efectivamente pagado.
A su vez, la Aduana contó con información brindada por las Chile y Paraguay, en el marco de los convenios de cooperación internacional a los que suscribe la Argentina.
De esa manera, fue posible determinar el flujo de fondos y la intervención en la operatoria de firmas extranjeras radicadas en dichos países, de acuerdo con la información oficial.
Por último, el organismo destacó que los contenedores son fundamentales para el comercio exterior y hay una escasez de estas cajas metálicas, dada la creciente demanda para la importación y exportación de productos.
