La Corte Suprema de Justicia revocará en horas del mediodía el fallo del 2×1 que beneficia a represores, en lo que será una medida que seguirá a la ley 27.362, aprobada por el Congreso, que impide acceder al mismo a los condenados por crímenes de lesa humanidad.
El máximo tribunal argentino emitirá un nuevo fallo que reemplazaría al de 2017, cuando se despertó una fuerte polémica por su aval a ese beneficio en el caso del represor Luis Muiña.
En el Congreso, el año pasado, los diputados y senadores nacionales legislaron de forma explícita que este beneficio no puede ser implementado a favor de los condenados por delitos de lesa humanidad.
Ahora, los integrantes del máximo tribunal eligieron el caso Rufino Batalla, condenado a 12 años de prisión por su participación en el centro clandestino La Cacha, quien luego de la resolución que benefició a Luis Muiña el 3 de mayo de 2017 también reclamó que se le computara el 2×1 para salir de prisión.
La expectativa está puesto en el voto del juez Horacio Rosatti, quien el año pasado votó a favor de concederle este beneficio a represores, pero en esta oportunidad cambiaría su postura para adecuarse a la ley.
«Otro fallo del 2×1 podría generar un fuerte rechazo social», señaló Rosatti meses atrás en declaraciones a Perfil, al ser consultado sobre la definición que la Corte tiene por delante.
Si el magistrado finalmente cambia su postura y el resto de los jueces vota igual que el año pasado, el tribunal rechazará el beneficio en el cómputos de las penas en casos de represores condenados, tal como reclaman los organismos de derechos humanos.
El presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, y la vice, Elena Highton, habían avalado el criterio del 2×1 en el caso Muiña, mientras que Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda se habían expresado en contra.
Semanas atrás, a poco de que se conociera que el máximo tribunal había seleccionado el caso de Batalla, el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata dispuso su excarcelación, tras haber cumplido las dos terceras partes de su pena.
Batalle fue condenado a 13 años de prisión por su actuación en el centro clandestino de detención La Cacha y entre los crímenes que se le imputaron está el de Laura Carlotto, la hija de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.
