El fallo fue dictado por la jueza Patricia López Vergara ante una acción de amparo presentada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
La organización había denunciado que las «escuelas comunes de gestión privada» rechazan la inscripción o la matriculación de alumnos con discapacidades, atentando de esa manera contra el derecho a la educación.
La jueza, tras comprobar tal situación, declaró «la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la conducta omisiva» del Ministerio de Educación porteño.
El fallo impreca al Gobierno porteño a «fomentar, potenciar y salvaguardar la inclusión de las personas con discapacidad en todos sus ámbitos» y le ordena «remover las barreras que con su propio accionar se han erigido en obstáculos».
La causa fue iniciada por la ACIJ en 2019 y el fallo le ordena al Ministerio de Educación porteño la elaboración de un protocolo «que evite la discriminación por motivos de discapacidad».
La jueza, además, exhortó al «involucramiento con diversidad de actores sociales» y responsabilizó al «Gobierno local» por «las omisiones verificadas».
