La entidad aseguró que fue «condenada a abonar una multa exorbitante e infundada, en virtud de una resolución que es groseramente arbitraria, por carecer del más básico sustento fáctico y jurídico en la medida que se está sancionando un hecho que nunca ocurrió».
«Estamos convencidos que, mas allá de la ilegalidad de la decisión, esa resolución responde a otros intereses, que exceden el adecuado marco jurídico y el debido proceso, toda vez que tiene como antecedente un proceso administrativo iniciado en 2015 en donde las partes presentaron todas las pruebas y evidencias de que no hubo ningún hecho a sancionar», enfatizó.
Por ese motivo, FAIM anticipó en un comunicado que recurrirá a todas las instancias judiciales «a fin de obtener un pronunciamiento que ponga fin al actuar arbitrario de la Secretaria de Comercio Interior».
Ese organismo multó a la empresa Molinos Cañuelas por $150 millones, por ejecutar una «práctica concertada» con cámaras empresarias del sector para fijar el precio de la harina.
La multa también se extendió, con otros $150 millones, a la Federación Argentina de la Industria Molinera; con $93 millones a la Cámara de Industriales Molineros y con $51 millones a la Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Molineras.
Tanto a la empresa como a las entidades empresarias, el Gobierno las acusó de «ejecutar una práctica horizontal concertada de fijación de precios mínimos e intercambio de información sensible en el mercado de la molienda de trigo y la comercialización de harina de trigo en todo el territorio nacional, con afectación al interés económico general».
